México

México ha ratificado las seis Convenciones y Protocolos relevantes al tema de protección y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de movilidad humana.

El marco legal nacional protege a los niños, niñas y adolescentes contra la detención migratoria, pero no  prohíbe explícitamente la detención de sus padres o cuidadores.

Además, existe una falta de armonización legislativa dado que la vigente Ley de Migración sigue previendo supuestos en los que “excepcionalmente” los niños, niñas y adolescentes podrán ser detenidos por motivos migratorios, como cuando el gobierno no cuenta con disponibilidad en sus instalaciones de acogida. En la práctica, la excepción se ha convertido en la regla y, aunque ya existe prohibición explícita, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes siguen siendo detenidos.

Los procesos de identificación y atención a niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad representan un gran vacío en el país. Si bien existen protocolos para identificar indicios de necesidades de protección internacional, así como de actuación para notificar a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y guías para la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, su aplicación es prácticamente nula. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes permanecen detenidos antes de ser retornados a sus países de origen, sin una adecuada evaluación de su caso particular o posibles necesidades de protección. En algunos casos, los niños, niñas y adolescentes que solicitan la condición de refugiado tienen la oportunidad de salir de los centros de detención, pero solo después de pasar semanas y hasta meses detenidos.

Si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un procedimiento para evaluar y determinar el interés superior de la niñez a cargo de las Procuradurías de Protección, en la práctica no se implementa de manera sistematica e individualizada para cada niña, niño y adolescente detectado. Tampoco se asigna un tutor independiente a la autoridad migratoria que sea responsable de proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados. Además, la autoridad migratoria frecuentemente efectúa decisiones sobre el niño, niña o adolescentes sin esperar la determinación del interes superior y el plan de restitución de derechos por parte de las Procuradurías de Protección a niñas, niños y adolescentes, o bien, dice hacerlo a través de su propia determinación, a pesar de no ser la autoridad competente para ello.

En la mayoría de los casos, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con un documento migratorio de estancia temporal para protegerlos contra la detención mientras esperan la resolución de su procedimiento migratorio o de asilo, en algunos casos, incluso, los niños, niñas y adolescentes son canalizados a espacios de atención sin los documentos que ellos mismos portaban o copia de los documentos que comprueben el estado de su caso. En los casos donde la autoridad sí otorga una estancia temporal, se reporta que no existen criterios homologados para entregarlos y muchas veces el documento migratorio no facilita el acceso a los derechos de educación y servicios de salud, entre otros.  

Los niños, niñas y adolescentes tampoco cuentan con servicios de asesoría legal, acompañamiento y gestión de casos, interpretación y traducción. Cuando existen estos servicios, son brindados, principalmente, por organizaciones de la sociedad civil, generalmente sin apoyo financiero del gobierno mexicano.

Por lo general, el gobierno mexicano solo considera opciones de colocación en el entorno comunitario para los niños, niñas y adolescentes y sus familiares que solicitan la condición de refugiado. Estas opciones de colocación en el entorno comunitario son bastante limitadas y casi siempre incluyen condiciones y restricciones a la libertad o al libre movimiento de los niños, niñas y adolescentes.

Cuando las familias solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado, algunas tienen la oportunidad de salir de la estación migratoria (centro de detención), a través del programa de alternativas, implementado de mantera conjunta por el gobierno, el ACNUR y la sociedad civil. La implementación del programa de alternativas depende de la colaboración con los albergues y casas de migrante de la sociedad civil, donde las familias son colocadas tras haber sido liberadas de la estación migratoria. Todas las familias permanecen detenidas hasta que se registra formalmente la solicitud, lo cual puede tardar semanas y hasta más de un mes. Al salir de detención, las familias son colocadas en albergues o vivienda propia, con condiciones que les requieren quedarse en una sola área geográfica y presentarse de manera periódica ante la autoridad. Estas condiciones son implementadas sin una evaluación para probar que sean necesarias para el caso individual.

Por lo general, las familias que no solicitan la condición de refugiado son detenidas y permanecen en la estación migratoria. Las estaciones migratorios (centros de detención) no cuentan con espacios para familias, por lo que en la práctica éstas son separadas durante el periodo de la detención. Las niñas y niños pequeños en caso de encontrarse con la madre suelen quedarse con ella, pero en el caso de adolescentes, son separados o bien se quedan juntos algunos en el caso de los varones (padres e hijos).

Contrario a lo que establece el marco normativo, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes permanecen detenidos en estaciones migratorias o son canalizados a espacios de alojamiento a puertas cerradas donde ven violados sus derechos a la libertad personal y libre movimiento, así como el derecho a la integridad física y psicológica y, en algunas ocasiones, a la unidad familiar. Eso se debe en parte a la falta de instancias especializadas y lugares del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) que aceptan recibir a niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad de los diferentes perfiles, por ejemplo, existen centros de atención que no reciben adolescentes, solo niñas y niños menores de 12 años. Algunos niños, niñas y adolescentes no acompañados, sobre todo solicitantes de asilo, han sido canalizados a organizaciones de la sociedad civil. Pero, para facilitar el traslado a estas organizaciones, en varios casos se han habilitado los albergues o centros de asistencia social como una extensión de la estación migratoria, resultando en un condición que dificulta el movimiento del niño, niña o adolescente por requerir avisar o solicitar permiso de la autoridad migratoria.

El acceso a los derechos humanos en México varia bastante dependiendo de la localidad en donde se encuentra el niño, niña y adolescente, así como del acompañamiento o no que se de por parte de organizaciones de la sociedad civil. Aunque el acceso a la educación y servicios de salud, entre otros derechos son establecidos en el marco normativo con independencia de la situación migratoria, en la práctica los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad ven limitado su acceso a estos derechos, y en especial quienes se encuentran en situación irregular o bien, en muchas ocasiones por no contar con un Clave Única de Registro de Población (CURP) u otro documento de identidad reconocido por las entidades públicas.

En México, no existe un mecanismo de revisión automático, imparcial e independiente sobre la detención. En gran parte, esto no se ha logrado, porque este acto no es reconocido como una privación de la libertad; la Ley de Migración y el Instituto Nacional de Migración hacen uso de eufemismos como “presentar” y “rescatar” para referirse a estos actos. De tal forma, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido designada como el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y malos tratos, no se ha logrado un monitoreo detallado, sistemático y regular de los lugares y condiciones de detención migratoria.

El acceso a la estaciones migratorias por parte de organizaciones de la sociedad civil con fines de monitoreo no es permitido, a pesar de ello, varias organizaciones realizan actividades con población en detención o bien que fue detenida a través de las cuales se ha documentado el funcionamiento de estos centros y han emitido recomendaciones. Se reconoce que las condiciones de detención han mejorado en el tiempo, sin embargo las garantías de debido proceso y acceso a la justicia siguen siendo violados e incluso presentan graves retrocesos.

Se felicita al gobierno la publicación regular de estadísticas sobre el uso de la detención migratoria, con datos sobre la edad, sexo, condición de viaje (acompañado, no acompañado), nacionalidad, y lugar de detención de la persona, entre otros. Sin embargo, los datos reflejan los eventos de detención y no se permiten saber si la misma persona fue detenida varias veces. Tampoco publican datos sobre los periodos de detención ni las edades de las personas adultas detenidas.

Asimismo, el gobierno no brinda datos accesibles que permitan evaluar la efectividad de las alternativas a la detención siendo implementadas para niños, niñas y adolescentes, tampoco en el caso de grupos familiares o adultos que han logrado beneficiarse de estas acciones.

A pesar de que el marco legal lo prohíbe, en el 2017, todavía más de 18,000 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en México por motivos migratorios. En general, los niños, niñas y adolescentes son detenidos inmediatamente y retornados dentro de 3 a 7 días a sus países de origen (aunque en algunos casos pueden ser semanas e incluso meses), sin una evaluación de su caso particular o la identificación de posibles necesidades de protección. Lass niñas, niños y adolescentes que solicitan la condición de refugiado pasan semanas e incluso meses en detención antes de ser liberados y colocados en el entorno comunitario, muchas veces con restricciones a su libertad o libre movimiento.

Si bien el gobierno mexicano se ha comprometido públicamente a erradicar el uso de la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes, también ha sido criticado gravemente por no aterrizar estos compromisos internacionales a prácticas concretas en el terreno. Si bien se han desarrollando esfuerzos a pequeña escala para explorar el uso de alternativas a la detención para personas solicitantes de la condición de refugiado, éstas siguen sin ser la práctica sistemática. Estos esfuerzos incluyen un piloto para 20 niños, niñas y adolescentes no acompañados, implementado en el 2015 por el gobierno y dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en cuidados alternativos, Aldeas Infantiles SOS y Casa Alianza, con la coordinación y apoyo técnico de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC). En 2016, se efectuó de manera independiente, proyectos pilotos para familias y adultos solicitantes de la condición de refugiado, que ahora son programas implementados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en conjunto con albergues y organizaciones de la sociedad civil, y con el apoyo del ACNUR.

A pesar de los muchos aprendizajes y resultados positivos de estas iniciativas, el gobierno mexicano no ha aplicado de manera sistemática y coordinada los modelos alternativos basados en la entorno comunitario para evitar la detención de los niños, niñas y adolescentes. Es más, la implementación y fortalecimiento de las alternativas actuales se ha dejado casi en su totalidad bajo el interés y compromiso de la sociedad civil y organismos internacionales, sin una inversión de recurso público para ello.